En contra los bloques electorales

Hoy empieza un estado de excepción informativo en España. Puede parecer una afirmación grosera y quizás exagerada en el s. XXI y cuarenta años después del fin de la dictadura. Pero es así y, en ningún caso, supone una situación aislada. Desde hace más de 30 años, los medios de comunicación públicos no pueden informar libremente durante las campañas electorales. Tienen la obligación de explicar las noticias sobre las elecciones en bloques, con un tiempo marcado y un orden predeterminado, que previamente han acordado los partidos.

Esta imposición produce secuencias surrealistas en los informativos de televisión y radio: crónicas irrelevantes como apertura de la sección dedicada a los comicios y explicadas siempre a golpe de cronómetro. Sin duda, la imposibilidad de que los periodistas se rijan por criterios profesionales, y deban actuar a partir de pautas políticas, provoca un auténtico atentado al trabajo libre que deben ejercer para que la ciudadanía pueda crearse una opinión sólida y critica a la hora de decidir su voto.

Por eso, no se puede entender esta reclamación como una simple demanda gremial, ya que afecta a uno de los pilares de la democracia y debería convertirse en una reivindicación del conjunto de la sociedad. En menor grado, pero con la misma relevancia, la censura también afecta a los medios privados, que aceptan emitir los vídeos que realizan y editan los partidos en los mítines. Del mismo modo sucede con la asistencia de periodistas en las comparecencias sin preguntas.

Los bloques electorales en España suponen una anomalía dentro de Europa. En los países europeos de larga tradición democrática, no existen mecanismos tan estrictos y antiperiodísticos. Su experiencia demuestra que el respeto por la pluralidad y la representatividad parlamentaria es perfectamente compatible con la independencia de los medios. En ningún caso, los bloques electorales son garantía de pluralidad, sino un símbolo evidente de intromisión y descrédito.