El Gobierno español gastará 2,5 millones de euros en publicitar la reforma laboral, con el objetivo “de dar a conocer las medidas de fomento y apoyo al empleo, en especial al empleo para jóvenes”, según el anuncio publicado el sábado pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Seguramente, el importe destinado a este fin sorprenderá a más de uno, aunque no es ninguna novedad. El papel de la Administración como anunciante siempre es motivo de controversia, y más en momentos de crisis, a pesar de que el Ejecutivo ha aplicado severos recortes en este ámbito.
A menudo, resulta difícil conocer la finalidad de las campañas institucionales, ya que cuesta discernir si la voluntad es informar/educar o si la intención real es camuflar un mensaje de autobombo y de propaganda. Además, aunque el propósito sea legítimo, la posibilidad de evaluar su eficiencia se complica si los objetivos son genéricos o de compleja verificación.
Más allá del debate ideológico relativo a los contenidos, también se ha criticado que estas campañas puedan responder a intereses económicos. Hay quien considera que se han ido convirtiendo, de forma indirecta, poco regulada y transparente, en una ayuda encubierta a determinados medios de comunicación privados.
Por eso, en los últimos años, las grandes sumas que mueve la publicidad institucional han obligado a las distintas administraciones a dar respuesta con una legislación específica sobre la materia. No obstante, es imprescindible hacer nuevos pasos y encontrar fórmulas de control democrático más efectivo por parte de organismos verdaderamente independientes y adaptarse, así, a la nueva sociedad de la información.
La publicidad de cualquier empresa o institución, aunque esta ofrezca un servicio público, tiene un fin propagandístico. Por lo tanto, es necesario que este espacio esté bien regulado y no de cabida a más corrupción
ResponderEliminarAquestes xifres són escandaloses. A més, si la publicitat institucional es fa per informar o educar la ciutadania, els mateixos mitjans haurien de cedir espais gratuïts.
ResponderEliminarLa publicidad institucional ayuda a la supervivencia de muchos medios, sobre todo en época de crisis. Es por eso que debe estar bien regulada y hay que asegurar que no se favorece a unos medios por encima de otros. De todos modos, a pesar de que sea de gran ayuda para los medios, me parece alarmante que el Gobierno gaste 2,5 millones en una cosa así en un momento como el actual.
ResponderEliminarTotalment d'acord, però una reflexió vostra en un post anterior que acabo de llegir. Tota aquesta publicitat pot ser necessària i estar molt bé, però sempre que vagi acompanyat d'accions. Per exemple, 2'5 milions per aquesta campanya publicitària: ok. Però quines accions faran per fomentar l'ocupació juvenil. Perquè a cop d'anunci, poca cosa farem.
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